Medellín, Octubre 17 de 2008. Comunicado de Prensa.
El Observatorio de Derechos Humanos de La Organización Multiétnica de Antioquia OMA, denuncia ante la comunidad nacional e internacional los atropellos y vejámenes de que están siendo victimas los indígenas que se encuentran ejerciendo su legítimo derecho a la protesta social en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Risaralda y la Costa Atlántica y que hasta el momento han cobrado la vida de dos civiles, generado desplazamiento de familias indígenas y más de ochenta heridos a manos de la fuerza publica (ejercito y policía), los cuales han repelido de manera desmedida y brutal a más de 12.000 mil indígenas de las etnias PAEZ, GUAMBIANO, EMBERA, WAUNANA, COCONUCO, Y YANACONAS que se encuentran protestando por la muerte sistemática de más de 1000 lideres indígenas en lo que va corrido del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, lo que se constituye en uno de los genocidios más graves, después del cometido contra los militantes de la Unión Patriótica y muy parecido al fenómeno serbio que llevo al juzgamiento del presidente de dicha nación (Milosebich) por parte de la Corte Penal Internacional CPI, el despojo de sus tierras, el incumplimiento de acuerdos y sentencias judiciales internacionales que ordenan la reparación con tierras, en resarcimiento de masacres cometidas por fuerzas del estado o con su complacencia, como el caso de la Hacienda la Emperatriz en el Cauca, la falta de inversión social y de atención a las NBI necesidades básicas insatisfechas, como así lo demuestran las denuncias de los indígenas del Chocó, dan cuenta de más de 450 indígenas que han muerto por inanición, así como el recrudecimiento de la violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos ilegales y legales en armas, sumado a esto el estatuto de tierras promovido por el gobierno nacional, vulnerando la autonomía de los grupos étnicos consagrado en el Convenio 169 de la OIT y refrendado por la Republica de Colombia con la Ley 21 de 1991, limitando su crecimiento y desconociendo la deuda histórica que tienen la nación con los pueblos originarios y nativos de nuestro país, hoy secuestrado por intereses privados. El trato dado a los manifestantes por parte del gobierno nacional y de su fuerza publica ha sido de terroristas, con este argumento están siendo atacados con armas de fuego, tanques y helicópteros como si se tratará de un grupo guerrillero, los medios masivos de comunicación como RCN y Caracol se han limitado a transmitir y desinformar a la opinión publica, faltando a su responsabilidad social como periodistas o comunicadores sociales, por lo tanto solicitamos con urgencia la presencia de organismos internacionales defensores de los derechos humanos, puesto que ni la procuraduría, ni la defensoría del pueblo se han pronunciado y seguramente no lo van ha hacer, e igualmente reclamamos con prontitud la presencia de la prensa internacional para que muestren al mundo la violencia que ejerce el actual régimen de gobierno, que tiene secuestrada la opinión publica a través de una dictadura de los medios masivos de comunicación. Finalmente solicitamos la intervención de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos OEA y de la Corte Penal Internacional, para que se detenga, extradite, investigue y juzgue al Presidente Álvaro Uribe Vélez por crímenes de lesa humanidad y genocidio ante el tribunal internacional de la Hayas , basados en los centenares de testimonios, pruebas y denuncias dados a conocer por los paramilitares desmovilizados del proceso de justicia y paz, que involucran al actual gobierno colombiano con estos grupos y con organizaciones de narcotraficantes, causantes de miles de muertos, masacres, torturas y desplazamientos forzados de ciudadanas y ciudadanos Colombianos, así mismo solicitamos a las asociaciones, organizaciones y círculos de periodistas defensores de la libertad de prensa en mundo, para que investiguen y sancionen moralmente a la prensa oficialista Colombiana por encubrir, manipular y desinformar a la opinión publica nacional e internacional acerca de los graves hechos que vienen sucediendo en este gobierno, como consecuencia de la política de inseguridad democrática que ha cobrado la vida de miles de compatriotas a través de acciones frecuentes y repetitivas como la asociación con grupos ilegales, miles de falsos positivos y criminalizado la protesta social, con el silencio cómplice de los grandes medios masivos de comunicación. JUNTA DIRECTIVA ORGANIZACIÓN MULTIÉTNICA DE ANTIOQUIA OMA. ¡Unidad en la Diversidad !
